Desconfiar es perder
seguridad (ciudadana)
Francisco
Javier Larraín
14 de Marzo de 2011
Conversando con un amigo, uniformado
de verde en otra época, tocamos el tema del Estado policial que algunas
personas denuncian desde hace un par de años a la fecha. Razones,
desgraciadamente, no les faltan. Mi amigo tiene una visión opuesta, ve cada vez
más precarizada la función del Carabinero que está en la calle porque se le
cuestiona más en su actuar social y hay bastante facilidad para sacarlo de las
filas ante faltas que parecen menores. Yo le expliqué que Estado policial no es
donde mandan los policías, si no que las garantías constitucionales y derechos
cívicos se reemplazan por el control más absurdo y el abuso policial que de inusual
se va tornando parte del decorado cotidiano. Y esa definición de Estado depende
de quienes administran el Estado.
Mi interlocutor me decía que ampliando
en sentimiento de separación entre la policía uniformada y el resto de la
población lo que se generaba era un mutuo sentimiento de desconfianza. Yo estoy
plenamente de acuerdo con eso, bastante he conversado sobre eso: es la misma
idea de separar en barrios distintos ricos y pobres que genera mutua
desconfianza, resentimiento (sí, en ambos lados) y a veces algún ansia
aniquiladora.
Sin embargo, recientes
procedimientos judiciales contra un ciudadano pakistaní en el que incluso
Estados Unidos, conocido por su paranoia terrorista, había desistido de las
acusaciones. Incluso el registro de domicilio, sin orden judicial, antes que se
detectaran trazas de explosivo en dicho ciudadano generado una sensación de
indefensión ciudadana frente al “Gran Hermano” de Orwell. Estamos de acuerdo
que todo delito debe ser perseguido y castigado, pero criminalizar a
manifestantes por lo que hacen delincuentes y fuerzas policiales a todas luces
excede el principio de responsabilidad individual.
Su actuar, en todo caso, depende del
mando civil, más aún con la actual reconfiguración del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública. He acá la preocupación que compartimos mi interlocutor y
yo: cuando se sanciona más el disenso (leer las presentaciones de la Fiscalía
en el “caso bombas” es esclarecedor) que del delito (se acaba de presentar un
proyecto de libertad para lanzas presos, entre otros), los ciudadanos vemos que
por desconfianza no nos vemos a la cara, y se pierde en la autoridad del Estado
y sus agentes.
Urge
recuperar la confianza de los ciudadanos, si es que interesa efectivamente
hacer de este un país más seguro. Policías y ciudadanos, ricos y pobres, no
tienen por qué sentirse enfrentados o en peligro: la segregación de barrios y
de escuelas no van a contribuir a tener una ciudad segura en el largo plazo.
Sólo va a degenerar en que cada persona que se nos aparece distinta sea
sospechosa, o no confiable.
Claro
es que la otra parte tiene que ver con el acercamiento que la comunidad vive de
los representantes del Estado. Menos tensión hay gracias a la apertura de
espacios, la represión sólo aumenta la tensión y un justificado resentimiento.
Un gobierno que, independientemente del signo político, se precia de ser “de
todos los chilenos” no tiene por qué entenderse con la ciudadanía con la
represión. La ciudadanía, por definición, es analítica y crítica, rasgos que se
corresponden al adulto. El pensamiento rudimentario es represor y/o censurador,
y Chile necesita ahora gobiernos para su Siglo XXI.
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