Libertad de prensa, una labor de todos
Francisco Javier Larraín S.
5 de mayo de 2011
Normalmente me
encuentro en conversaciones con colegas y estudiantes sobre la naturaleza
democrática del país en el que vivimos; mi respuesta tiende a ser negativa y
una de las causas es el núcleo de esta columna. Una de las cosas indispensables
para la democracia es que exista la capacidad de la ciudadanía para informarse
y también poder poner sus temas y contenidos para la gran comunidad social. La
libertad de expresión no sólo consiste en decir lo que uno piensa, también consiste
en que los actores sociales sean escuchados.
En Chile normalmente los grandes medios comparten
miembros en sus directorios con grandes empresas. No es difícil imaginar que
los auspiciadores de los medios tienen cierta capacidad de maniobra sobre lo
que se dice. Aún recuerdo una huelga legal de más de un mes de una cadena de
farmacias muy grande en nuestro país que no se discutió en su mérito en ningún
medio masivo. No es que se le haya pasado a los grandes medios, o que no
interesara, miles de personas se vieron afectadas, y en Santiago era imposible
desplazarse sin enterarse. Un auspiciador fuerte no hace cosas malas si paga un
gran auspicio; además, si el resto de las empresas se enteraban que de abusar
de sus trabajadores irían a ser portada o titular seguramente ese flujo de
auspicios iría a otro medio que tuviera más connivencia con esos abusos.
Una de las cosas que me
gusta de este medio es que muchas personas de distintos sectores tenemos la
oportunidad de decir cosas que resultan muchas veces encontradas en grados
importantes. Incluso puedo confesar que me han sorprendido muchas veces
publicando cosas de mi autoría que no imaginé posible ver en papel de diario.
Se debe considerar
cuando se intenta pasar publicidad como noticia se atenta contra el sentido
mismo de informar. Basta ver en el mes de febrero que la amplia mayoría de los
noticiarios son propagandas encubiertas para favorecer el turismo.
Cuesta observar un
panorama de seguridad democrática cuando la población no se organiza en virtud
de sus intereses y espera que todo esté hecho; además recibe la información de
los medios casi sin cuestionarla. Mal que mal, las operaciones de intrusión política
en el caso bombas no se habrían intentado siquiera con una población con
capacidad analítica y que participara de las actividades ciudadanas. Ese mismo
ejemplo da cuenta del riesgo de una población displicente con sus deberes
ciudadanos: cuando no hay personas que no sólo piden, si no que dejan de
ejercen sus derechos ciudadanos, la autoridad puede pasar por sobre el estado
de derecho y atentar contra cada uno de sus ciudadanos, aunque este último sea
adepto a él. Un país que apela a la “razón de Estado” de manera permanente es
uno que permanentemente se permite asumir que sus ciudadanos son poco
confiables, de pocas luces y que se debe pensar por ellos.
Que exista prensa libre
y/o prensa ciudadana no es algo que se deba esperar como un regalo; más bien es
una tarea bastante ingrata en su gestación pero que es lo único que permite asegurar
a los mismos ciudadanos el que su voz pueda seguir siendo oída. No son los
periodistas, es el conjunto de la ciudadanía el que debe cautelar y defender su
derecho a informarse.
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