Pena de muerte, mala (e)lección

Pena de muerte, mala (e)lección

Francisco Javier Larraín S.

17 de Marzo de 2013

            De vez en cuando sale a colación el tema de la pena de muerte como un correcto ejemplo de castigo frente a delitos gravísimos. Personas con alguna figuración pública tienden a aparecer dominados de una conveniente sed de sangre de quien comete delitos horrorosos, volviéndose poco distinguibles del malhechor en su violencia.

            Largas conversaciones con supuestos expertos, visiones morales, pseudotécnicas y técnicas colman noticieros en cada evento luctuoso en el que sale a colación la pena de muerte. Se habla del mensaje de la sociedad a los delincuentes, del riesgo versus el beneficio, de la protección de la sociedad. Aumentar o reducir criminalidad, tras la implementación, donde existen datos a favor o en contra según la orientación programática del grupo que los expone. En definitiva, es un batiburrillo de opiniones que marea.

Pero la mayoría de ellas eluden un antecedente básico para ver si a una persona se le debe aplicar dicha pena: la tasa de error de los fallos judiciales en países que tienen la pena de muerte es alta. En Estados Unidos es de un 68% según la Universidad de Columbia. Además a un 75% de las personas condenadas a muerte se les reduce la pena una vez revisados los juicios, y a un 7% se le exonera. Básicamente, se atribuye a faltas en las policías y los abogados, lo que en 26 Estados arroja un error, una vez aplicada la pena, de un 52%, y eso que hay Estados que cortaron apoyo legal a revisión y Clinton redujo el lapso de apelación a un año.

            Recientemente, dos Estados que tienen privatizado el servicio de muestreo y pruebas para hechos criminales o de drogas deberán revisar si dejan en libertad a miles de presidiarios a los que se les falsificaron pruebas (más de 35 mil en Texas y Massachusetts). Es decir, miles de personas, que tuvieron que ir a prisión por años y vivieron de acuerdo a esas reglas, realizando el aprendizaje con reales delincuentes, deben volver a vivir una vida “normal” y viéndose la comunidad social expuesta a ese proceso de adaptación.

En USA, donde la privatización del sistema penitenciario y forense es bastante extensa, se entiende el silencio de los medios; se cuestionaría un sistema que se tiene por confiable y que funciona sobre la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”, concepto que la mayoría de los jurados no comprenden.

            Si países como Estados Unidos de América tienen ese tipo de problemas para acreditar la comisión de delitos, con más tecnología en su área Médico Legal de lo que en Chile tenemos en relación a la población, es bastante improbable que no sólo existan yerros marginales en tanto se dictamine una pena de muerte. Incluso la confesión del crimen se hace improbable cuando pueda ser o no eximiente (lo confiesa si es eximiente, lo oculta si no).

            Es decir, cuando hay personas que establecen en sus cargos (o desde la búsqueda de votos) la pena de muerte como un camino no hacen más que demostrar manipulación, o ignorancia plena, de lo más crucial: que la prueba de comisión de delitos jamás es absoluta, y que muchas veces, es errónea. Es año electoral, no se deje manipular cuando ocurran crímenes escabrosos, porque la sociedad moderna se define sobre el uso de la razón y no de las emociones que cause el daño que se busca castigar.